“Hoy día lo que impera son las estafas por internet. Son los conocidos como “delitos tecnológicos”. Es en estos nuevos aspectos de la delincuencia actual es donde debe incidir la política criminal del Gobierno, pues están repercutiendo en la vida cotidiana de los ciudadanos de una manera notable”.
Francisco de Paula García Vélez (Comisario Honorario del Cuerpo Nacional de Policía)
Estoy seguro de que a todos nos preocupa el tema de la seguridad, y cómo el Estado afronta su mantenimiento. La evolución de la delincuencia ha sido paralela, cuando no algo más avanzada, que la evolución que nuestra sociedad ha ido experimentando. Todos los delitos recogidos en nuestro vigente Código Penal suponen una amenaza para la sociedad, de ahí que esas conductas se hayan criminalizado. Pero dentro de todas las tipologías penales algunas suponen una mayor amenaza para los ciudadanos, bien por su gravedad, bien por su comisión repetida o bien por las circunstancias que las rodean o en las que se cometen.
La seguridad, desde una perspectiva genérica, contempla dos dimensiones: una, la dimensión individual, referida a la conducta que cada ciudadano debe observar para evitar riesgos y daños que puedan afectar a su vida. De otra, la dimensión social o colectiva, referida a la actividad del Estado para proteger tanto la integridad como los derechos y los bienes de los ciudadanos.
Desde esta segunda dimensión nuestra vigente Constitución establece que la seguridad pública o ciudadana requiere de actividades dirigidas a dar protección a las personas y a los bienes, al tiempo que al mantenimiento de una paz y tranquilidad pública.
Para conseguir una efectiva seguridad pública nuestro Estado de Derecho tiene tres mecanismos claramente diferenciados, pero que interactúan entre sí: en primer lugar, el ordenamiento jurídico, o conjunto de normas que regulan las actividades ilícitas que pueden alterar la paz y tranquilidad publica; en segundo lugar, un Poder Judicial, o conjunto de Órganos Judiciales, que garantizan la aplicación del citado ordenamiento jurídico; y por último, y en tercer lugar, unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargadas de la prevención y persecución de las conductas contrarias a lo establecido en el ordenamiento jurídico.
La POLÍTICA CRIMINAL la marca el gobierno de la Nación y su objetivo debe ser conseguir una armonía social por medio del derecho penal y otros instrumentos legales (ordenamiento jurídico que luego aplicará el Poder Judicial), así como por medio de las directrices que se imparten a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que se produzcan los mínimos problemas sociales generando la adecuada protección de los bienes jurídicos más decisivos, sin que suponga una excesiva o desmedida respuesta punitiva.
La política criminal se establece analizando dos perspectivas. Una, la perspectiva criminógena, que estudia el comportamiento humano analizando el origen de las actividades ilícitas y su impacto en los ciudadanos y en la sociedad. Y la otra perspectiva supone crear y establecer un marco de regulación social, mediante leyes que permitan abordarlas actividades ilícitas y los demás problemas de comportamiento de una manera eficaz y efectiva.
Todos somo conscientes de que la delincuencia, y por ende los delincuentes, han ido evolucionando con el transcurso de los años. Así, los ladrones de viviendas ya escasamente usan la “pata de cabra” para forzar las puertas, utilizando métodos como el “impresioning”, el “bumping”, o “el resbalón” entre otros. Los ladrones de comercios ahora utilizan “el alunizaje”; los “butrones” ya no los hacen con picos y mazas, si no con “lanzas térmicas” o sofisticadas máquinas de taladrar. Pero donde más ha evolucionado la delincuencia es en los métodos utilizados para estafar. Sin dejar del todo los antiguos métodos de los timos “de la estampita”, “el tocomocho” y otros similares, hoy día lo que impera son las estafas por internet. Son los conocidos como “delitos tecnológicos”. Estos delitos son los que en los últimos años han tenido un mayor incremento, debido a que el uso de internet se ha generalizado a la gran mayoría de la población y por medios de esta tecnología se realizan ya la gran mayoría de actividades económicas, comerciales y de relaciones con las administraciones públicas y empresas privadas, así como las relaciones sociales por medios de las redes existentes para tal fin ( Wassapp, Facebook, Instagran, etc…).
Y en estos nuevos aspectos de la delincuencia actual es donde debe incidir la política criminal del Gobierno, pues están repercutiendo en la vida cotidiana de los ciudadanos de una manera notable.
