Los 25 profesionales de Yecla se han puesto en manos de la asesoría Hécula Consultores para esta demanda
Alex Delegido- Antonio M.Quintanilla
Los hosteleros de Yecla cuentan con buenas perspectivas en cuanto a la demanda que han presentado a los Gobiernos central y regional por el cierre de sus negocios durante el año 2020. La asesoría de nuestra ciudad, Hécula Consultores que junto al despacho de abogados murciano Abadía y Abad gestiona sus reclamaciones, confía en que se pueda llegar a un acuerdo con el Ministerio de la Presidencia, al que han dirigido de forma inicial su reclamación «para que no se dilate más el proceso».
La gerente de Hécula Consultores, Concha Martínez, explica a SIETE DÍAS que «esperamos que todo acabe de la forma más favorable para estos cerca de 30 hosteleros yeclanos que piden una compensación al Estado y a la Comunidad Autónoma por valor de cerca de 700.000 euros».
«El Gobierno de España ha hablado de una partida de 11.000 millones que creemos que irán usando para dar respuesta a las demandas que lleguen al Ministerio de Presidencia. Sin duda sería la mejor opción porque el siguiente paso sería acudir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y puede demorar el proceso varios años. Estamos en el proceso de reclamación previa y esperando que contesten”.
Concha Martínez, que es procuradora, explica que “las demandas al Gobierno central y al regional son casi idénticas. A cada Administración se le reclama con arreglo a los cierre decretados por cada una. Y de hecho, todavía pueden sumarse más hosteleros porque hay un año para reclamar pero no desde que se declara el estado de alarma, sino desde que este finaliza. En julio se podría ampliar esa reclamación”.
Esta profesional del Derecho aclara que “la cantidad que reclamamos,de casi 700.000 euros la hemos calculado en la asesoría trazando una media de las ganancias de los establecimientos en los tres años previos al terrible 2020 de la pandemia”.
Una Ley de 1981 sobre los estados de alarma puede ser la clave
El despacho de abogados Abadía y Abad y Hécula Consultores han basado sus alegaciones en el artículo 3 de la Ley 04/1981, que regula los estados de alarma y de sitio y que establece que «los ciudadanos que durante estos estados de alarma o sitio sufran un perjuicio en sus derechos, su persona o sus bienes tienen derecho a reclamar a la Administración competente».
«Entendemos que se puede por tanto pedir compensación por el cierre de los negocios», destaca Concha Martínez que señala que «ya ha habido un pronunciamiento de un Juzgado de lo Social que establecía que no se puede considerar a la pandemia como un supuesto de fuerza mayor».
