Ángel del Pino Moreno
La legislación sobre Protección Civil ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, pero después de lo acontecido recientemente y hace cuatro años surgen interrogantes sobre la efectividad de estos avances. La afirmación de que «la vulnerabilidad de las personas en nuestra sociedad ante las múltiples y complejas amenazas de catástrofes naturales, industriales o tecnológicas es menor que hace treinta años» invita a una reflexión más profunda sobre la realidad actual.
Es innegable que los sistemas de alerta han experimentado un desarrollo notable y nos permiten una detección más rápida y precisa de situaciones de emergencia. Sin embargo, la pregunta que persiste es: ¿realmente estamos mejor preparados? A pesar de contar con herramientas sofisticadas, la efectividad de estos sistemas se ha visto muy comprometida en las dos situaciones, donde el aviso de alarma, y la respuesta, ha sido tardía y, totalmente insuficiente.
La Realidad que hemos podido vivir es que, aunque se han establecido protocolos y se han realizado simulacros, la ejecución en situaciones reales ha sido un total fracaso
La coordinación entre diferentes organismos y la dotación de medios adecuados, no se ha cumplido de manera efectiva. Esto genera una sensación de indefensión ante situaciones que, aunque se prevén, no se gestionan adecuadamente.
A pesar de los avances, la vulnerabilidad de la población ante desastres sigue siendo un tema preocupante. Factores como el cambio climático, el crecimiento urbano descontrolado y la falta de educación en materia de prevención contribuyen a que, en muchos casos, la población se encuentre en una situación de riesgo. La percepción de seguridad que se ha construido a lo largo de los años puede ser engañosa si no se acompaña de una acción efectiva y continua.
Es fundamental realizar una revisión crítica de las políticas públicas en materia de Protección Civil. No basta con contar con sistemas de alerta y planes de respuesta; es necesario que estos se implementen de manera efectiva y que se realicen evaluaciones constantes para identificar áreas de mejora.
La reciente crisis en la Comunidad Valenciana ha puesto de manifiesto las deficiencias en la gestión de emergencias y la falta de coordinación entre las administraciones.
Es evidente que este sistema necesita una revisión profunda.
En España, la respuesta ante situaciones de emergencia, se caracteriza por un enfoque fragmentado, donde las competencias están distribuidas entre diferentes niveles de gobierno: local, autonómico y nacional. Esta dispersión, da lugar a una falta de coordinación y a respuestas ineficaces en situaciones críticas. Durante la pandemia de COVID-19 se evidenciaron estas deficiencias, donde la falta de una estrategia unificada generó confusión y desconfianza entre la población.
Otro aspecto preocupante es la escasez de recursos destinados a la gestión de emergencias. A menudo, los presupuestos son insuficientes para garantizar una preparación adecuada ante desastres. Esto se traduce en una falta de formación para los profesionales encargados de la respuesta y en una infraestructura que no siempre está a la altura de las circunstancias.
La política por encima de los ciudadanos
Es lamentable observar cómo, en muchas ocasiones, y siendo sincero, en casi todas las ocasiones, las decisiones de nuestros políticos parecen estar más influenciadas por los intereses de sus partidos que por el bienestar de los ciudadanos. En el caso de la Comunidad Valenciana, tanto la administración autonómica como la estatal han fallado en su deber de proteger a la población. La primera, al menospreciar el riesgo existente y actuar con retraso; la segunda, al negarse a prestar auxilio en un momento crítico.
La falta de coordinación entre las dos administraciones ha sido evidente. Mientras que la legislación estatal y autonómica establece diferentes grados operativos de protección civil y emergencias, en la práctica hemos visto cómo se ha producido un juego de culpas entre ambas partes. Esta situación no solo es inaceptable, sino que también pone en riesgo la vida y la seguridad de los ciudadanos.
Es fundamental que tanto la administración autonómica como la estatal asuman su parte de responsabilidad. En lugar de buscar culpables, deberían trabajar juntos para mejorar los protocolos de actuación y garantizar que, en futuras emergencias, la respuesta sea rápida y efectiva. La ciudadanía no puede ser un rehén de las disputas políticas.
Para evitar que situaciones similares se repitan, propongo algunas medidas que podrían implementarse:
1. Mejora de la comunicación: Establecer canales de comunicación claros y efectivos entre las administraciones para coordinar acciones en tiempo real.
2. Formación continua: Invertir en la formación de los equipos de emergencia para que estén preparados para actuar ante cualquier eventualidad.
3. Evaluación de riesgos: Realizar evaluaciones periódicas de los riesgos en cada Comunidad, y desarrollar planes de contingencia adecuados.
4. Participación ciudadana: Involucrar a la ciudadanía en la planificación y ejecución de planes de emergencia, fomentando la cultura de la prevención.
La credibilidad de nuestros políticos se está desmoronando preocupantemente.
